El gobierno desata la guerra contra el spam: nuevo prefijo 400 y un futuro digital más seguro
Los usuarios españoles se agobian con las llamadas de spam y los intentos de phishing, sumidos en una creciente sensación de inseguridad. La creciente amenaza de fraudes telefónicos, facilitados por números móviles convencionales, ha impulsado al Ejecutivo a tomar medidas drásticas.
Un cambio radical en el teléfono: el prefijo 400 a la vista
A partir de octubre de 2026, la telefonía española experimentará una transformación significativa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado la implementación obligatoria de un nuevo prefijo – el 400 – para todas las llamadas comerciales. Esta medida, parte del Plan Antiestafas, busca desmantelar la infraestructura que permite a los ciberdelincuentes explotar la falta de identificación de estas comunicaciones.
Durante años, los fraudes por WhatsApp y llamadas desde números desconocidos han proliferado, utilizando tácticas cada vez más sofisticadas para obtener el número de teléfono de las personas. La Lista Robinson, Truecaller y otras herramientas de protección han ofrecido cierto alivio, pero no han sido suficientes para detener la escalada. Ahora, el Gobierno apuesta por un enfoque más frontal, un cambio que podría redefinir la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos.
Óscar López, responsable de la iniciativa, ha declarado: “Todos hemos sufrido alguna vez llamadas desde un móvil que hemos cogido pensando que era un familiar o un amigo y luego era una llamada comercial. A partir de octubre, todos podremos identificar si es comercial”.
El nuevo prefijo 400, lejos de ser una simple formalidad, representa una barrera crucial para los estafadores. Permitirá a los operadores identificar de forma inmediata las llamadas comerciales, facilitando el descolgado de las no deseadas y, lo más importante, evitando que los usuarios caigan en trampas como las ‘llamadas perdidas de números desconocidos’ (wangirl). Esta decisión, lejos de ser una solución instantánea, es un paso firme hacia un ecosistema digital más seguro y transparente.
La normativa, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece un plazo de transición para las operadoras, permitiéndoles adaptarse a los nuevos sistemas de enrutamiento. Sin embargo, la consecuencia para las empresas que incumplan será clara: la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o la CNMC podrán denunciar cualquier intento de engaño. Un mensaje contundente: la legitimidad se medirá por el prefijo 400.
Google, por su parte, no se queda atrás y comenzará a penalizar las webs que empleen tácticas de ‘secuestro del botón de retroceso’, una práctica que desorienta a los usuarios y facilita el robo de datos. La batalla contra el fraude no se limita al teléfono, sino que se extiende al propio entorno online.
Con este cambio, el Gobierno busca reforzar la protección de los consumidores y, al mismo tiempo, otorgar mayor credibilidad a las entidades oficiales, dificultando las suplantaciones de identidad. Un esfuerzo coordinado que, esperemos, contribuya a frenar la creciente ola de estafas y a recuperar la confianza en la digitalización.