Tribunal supremo: igual trabajo, igual retribución – un giro radical para los funcionarios españoles
El Supremo da un vuelco a la carrera administrativa, exigiendo que el desempeño real, no la mera clasificación, determine el ascenso y la remuneración de los empleados públicos. Un fallo histórico que obliga a la Administración a reconocer la trayectoria profesional de aquellos que, en la práctica, asumen funciones de niveles superiores.
La sentencia 1442/2025: un precedente que redefine la carrera funcional
El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que podría cambiar radicalmente la vida de miles de funcionarios en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha fallado a favor de una inspectora de Trabajo y Seguridad Social, confirmando su derecho a percibir las mismas retribuciones que los inspectores de nivel superior, incluyendo complementos, desde 2019, tras demostrar de forma continua que desempeñaba funciones equivalentes.
Pero este no es solo un caso aislado. La sentencia establece un principio fundamental: la realidad del trabajo realizado debe prevalecer sobre la clasificación formal del puesto, reflejada en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Esto implica que un empleado que, de facto, ejerce las mismas responsabilidades que un superior, no puede ser relegado a un nivel inferior en términos salariales y profesionales.
El Tribunal, tal y como señala la resolución, no basta con reconocer las diferencias retributivas cuando se ha acreditado, de manera continuada, que un funcionario ha desempeñado funciones de nivel superior. El impacto de ese desempeño debe reflejarse en la consolidación del grado personal, un elemento clave para la progresión dentro de la Administración.
La decisión refuerza una doctrina ya establecida por el Supremo en 2022, donde se argumentaba que la “identidad sustancial entre las funciones y responsabilidades” de distintos puestos justifica el pago de las retribuciones correspondientes al nivel realmente ejercido. La novedad reside en la ampliación de este criterio, que ahora se extiende a la carrera administrativa, permitiendo que el tiempo trabajado contribuya a la consolidación del grado personal, incluso cuando la clasificación formal del puesto no coincide con la realidad del desempeño.
La sentencia, con fecha 12 de noviembre de 2025, también implica un pago de intereses por parte de la Administración, que debe compensar a la inspectora por el tiempo transcurrido sin recibir las retribuciones correctas. Un detalle que subraya la importancia de la precisión y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
La respuesta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social es contundente: consideran que esta resolución corrige una injusticia histórica, ya que durante años muchos funcionarios han asumido las mismas cargas de trabajo que sus superiores, pero sin que ello se reflejara en su salario o en su progresión profesional. Un cambio de paradigma que, esperan, sentará un precedente para el futuro de la Administración pública.
El Supremo, al final, no solo reparte un sueldo, sino que valora el esfuerzo y la dedicación de aquellos que, a menudo, superan las expectativas de su puesto de trabajo. Un reconocimiento, merecidamente, a la lealtad y al compromiso de los funcionarios españoles.