Smi 2026: subida y un salario mínimo específico para contratos temporales de corta duración

El salario mínimo en España experimenta un ajuste para 2026. El Real Decreto 126/2026, publicado en el BOE, oficializa una subida del 3,1%, elevando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros al mes en 14 pagas, o 17.094 euros brutos anuales. Pero la novedad más relevante recae en los contratos temporales de corta duración.

¿Qué implica el nuevo smi para los contratos temporales de corta duración?

Ahora, los trabajadores con contratos temporales que no superen los 120 días en la misma empresa recibirán un SMI específico de 57,82 euros por jornada legal trabajada. Esta medida busca proteger a quienes desempeñan trabajos estacionales en sectores como la agricultura, la hostelería o el comercio.

Esta distinción es clave. El objetivo es asegurar que, aunque el contrato sea breve, se garantice una remuneración mínima que incluya la parte proporcional de pagas extraordinarias, festivos y vacaciones. La cifra habla por sí sola: un aumento significativo para quienes dependen de estas oportunidades.

El BOE también confirma el adelanto del cambio de hora para marzo de 2026, un detalle que, aunque no directamente relacionado con el SMI, impacta en la vida diaria de los trabajadores.

El SMI diario general se sitúa en 40,70 euros. Para aquellos que trabajan a tiempo parcial, el cálculo se realiza de forma proporcional, lo que significa una remuneración ajustada a las horas efectivamente trabajadas. Si un trabajador trabaja la mitad de jornada, percibirá alrededor de la mitad del SMI correspondiente.

Pero hay un detalle: el SMI solo se refiere a la remuneración en dinero. Complementos salariales como la nocturnidad o la antigüedad no pueden reducir la cantidad mínima. Y si la empresa no cumple, el trabajador tiene vías legales. Un escrito formal a la empresa, respaldado por el Real Decreto, es el primer paso. Si la situación persiste, un asesoramiento sindical o profesional puede validar la nómina, y a partir de ahí, se puede presentar una demanda dentro del plazo de un año para reclamar los importes adeudados.

La cifra de 57,82 euros por jornada no es un simple ajuste; representa un reconocimiento de la importancia de proteger a quienes realizan trabajos temporales, a menudo precarios, y que son esenciales para el funcionamiento de sectores clave de la Economía. Una medida que, aunque modesta, pone de manifiesto una creciente preocupación por la justicia laboral en España.

La nueva normativa no solo afecta a los trabajadores, sino que también obliga a las empresas a revisar sus políticas salariales, buscando una mayor transparencia y cumplimiento de la ley. Y eso, a la larga, define la calidad de un mercado laboral.