Jornada de 35 horas: ¿solución o nueva grieta en la administración?
El Gobierno y los sindicatos han sellado un acuerdo para reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, una medida que, en teoría, busca mejorar la conciliación y modernizar la Administración. Pero tras la euforia inicial, emerge una pregunta crucial: ¿será suficiente para evitar un colapso en los servicios públicos, especialmente en un contexto de envejecimiento progresivo de la plantilla y una OEP 2026 que podría ser insuficiente?
La oferta de empleo público: un parche insuficiente
La previsión inicial del Ejecutivo es aprobar una Oferta de Empleo Público (OEP) en 2026 similar a la de 2025, que rondó las 27.000 plazas en la Administración del Estado. Sin embargo, las organizaciones sindicales advierten que esta cifra podría ser insuficiente para cubrir las necesidades reales de la Administración General del Estado (AGE), agravadas por la reducción de jornada. La clave está en reforzar las plantillas, un imperativo que choca con una realidad preocupante: la OEP de 2025 no logró generar empleo neto, sino que simplemente sustituyó jubilaciones, un dato que ya evidenciaba la dificultad de revitalizar la Administración.
La reducción de jornada implica una caída directa del tiempo de trabajo –un 7,1% menos–, lo que obliga a la Administración a reorganizar sus recursos o, lo que es más probable, a aumentar la plantilla. Áreas como el SEPE, la Seguridad Social y las oficinas de Extranjería, ya saturadas, se enfrentan a retos adicionales, como la regularización de miles de personas, que exacerbarán la presión sobre los servicios.
Un envejecimiento demográfico que desgasta la administración
Pero la cuestión de la plantilla va más allá de la OEP. Un informe de Función Pública revela una preocupante realidad: en 2020, más del 66% de los empleados públicos de la AGE tenían 50 años o más, con una edad media superior a los 51 años. El personal laboral fijo superaba incluso esa cifra, con una edad media de 54,1 años. A este panorama se suma una pérdida neta de 45.821 efectivos entre 2014 y 2019, compensada solo parcialmente por 17.784 incorporaciones. La cifra habla por sí sola: las nuevas incorporaciones no logran cubrir las bajas, lo que perpetúa un envejecimiento progresivo de la plantilla.
Las proyecciones para 2030 son alarmantes. Se estima que más del 56,82% de la plantilla actual se jubilará, afectando especialmente a los colectivos C2 (72,28% de bajas), C1 (61,85%) y E (94,96%). Esto, sumado a que un 21% de la plantilla supera ya los 60 años, anuncia una tormenta perfecta para la prestación de servicios a la ciudadanía.
Un calendario laboral en transformación y demandas sindicales
La implantación de las 35 horas no solo exige una revisión de la planificación de recursos humanos sino también la adaptación de los calendarios laborales. Los servicios con atención al público deberán ajustar sus horarios, y las jornadas especiales se reducirán proporcionalmente. Los sindicatos, por su parte, exigen que la nueva OEP vaya más allá de la mera reposición, reforzando efectivamente los servicios públicos y eliminando la tasa de reposición, que limita la capacidad de las administraciones para contratar según sus necesidades reales.
El Gobierno proclama la modernización de la Administración y la atracción de talento como objetivos principales. Pero la realidad es que, sin un refuerzo significativo de las plantillas, la reducción de jornada puede agravar la tensión existente, convirtiendo una medida con buenas intenciones en una nueva fuente de problemas para la Administración y los ciudadanos. El desafío, ahora, es evitar que la reducción de la jornada se traduzca en una disminución de la calidad del servicio público.