Jornada de 35 horas: ¿refuerzo o crisis para la administración?
La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, un anhelo largamente buscado por los sindicatos, se avecina como un punto de inflexión para la Administración General del Estado (AGE). Pero, lejos de ser una simple cuestión de tiempo, la medida desata una profunda preocupación: ¿logrará mejorar la eficiencia o, por el contrario, agravará las tensiones de un sistema ya al límite?
Un déficit estructural que se agudiza
La promesa de más tiempo libre para los funcionarios choca frontalmente con la realidad de una Administración envejecida y con una carencia crónica de personal. Un informe de Función Pública revela que, en 2020, más del 66% de los empleados de la AGE superaban los 50 años, con una edad media que rozaba los 51. La pérdida de 45.821 efectivos en el periodo 2014-2019, frente a la incorporación de apenas 17.784, ha generado un agujero que las nuevas contrataciones no logran tapar. La cifra habla por sí sola: en 2030, se estima que más del 56% de la plantilla actual se jubilará.
Las consecuencias son palpables, especialmente en áreas críticas como el SEPE, la Seguridad Social y las oficinas de Extranjería, que se enfrentan a retos monumentales como la regularización de miles de personas. Los sindicatos han sido tajantes: no aceptarán una reducción de jornada que se traduzca en un deterioro del servicio público. Su demanda es clara: reforzar las plantillas, dotando a la Administración de los recursos necesarios para afrontar este nuevo escenario.
La oferta de empleo público: ¿solución o parche?
La próxima Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 se presenta como la herramienta más importante para adaptar la Administración a las nuevas exigencias. Pero el panorama no es precisamente optimista. Aún quedan miles de plazas pendientes de convocar de ejercicios anteriores, más de 5.700 para personal laboral y más de 3.200 de promoción interna. La agilidad en los procesos selectivos es otro punto clave de fricción. Los sindicatos exigen que las ofertas se aprueben e inicien en el mismo año, evitando retrasos que diluyen su impacto.
Pero la verdadera pregunta es si la nueva oferta servirá para crear empleo real o simplemente para reemplazar a los jubilados. La OEP de 2025 no logró generar empleo neto, lo que llevó a los sindicatos a no respaldarla. Ahora, la exigencia es clara: la nueva oferta debe ir más allá de la mera reposición y reforzar de forma efectiva los servicios públicos, eliminando la tasa de reposición que limita la capacidad de contratación de las administraciones.
La implantación de las 35 horas, por tanto, no es solo una cuestión de tiempo. Implica una revisión profunda de la planificación de recursos humanos, la reestructuración de los turnos y la adaptación de los calendarios laborales. Un desafío complejo, pero necesario, para modernizar la Administración, mejorar la conciliación y atraer talento. Pero, si no se acompaña de un refuerzo real de las plantillas, el riesgo es que la reducción de jornada termine tensionando aún más un sistema ya exhausto. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno: ¿estará a la altura de la responsabilidad?