España en el banquillo de bruselas: ¿iva franquiciado en riesgo?
La Comisión Europea ha elevado la voz contra España. Nuestro país se enfrenta a un juicio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por su demora en adaptar la legislación española a una directiva comunitaria que podría simplificar la vida fiscal de más de un millón de autónomos. Un retraso que Bruselas considera inaceptable y que podría costar caro a las arcas públicas.
La directiva olvidada: ¿un alivio para los autónomos o una pérdida para hacienda?
La Directiva (UE) 2020/285, aprobada hace cuatro años, pretendía facilitar la gestión del IVA para las pequeñas empresas y autónomos con facturaciones anuales inferiores a 85.000 euros. La idea era sencilla: permitirles no repercutir el IVA en sus facturas, lo que, en teoría, les permitiría ofrecer precios más competitivos y reducir la carga administrativa. Además, la directiva abre la puerta a que las pymes exentas en su país de origen puedan vender a otros estados de la UE sin necesidad de registros adicionales, siempre que su facturación total en Europa no supere los 100.000 euros.
Pero España se ha quedado atrás. Mientras otros estados miembros han implementado la normativa, nuestro país ha arrastrado los pies, a pesar de las reiteradas advertencias de Bruselas. Ahora, la Comisión Europea no solo llevará a España ante el TJUE, sino que también solicitará sanciones económicas, argumentando que el incumplimiento es persistente y, francamente, inaceptable.
El tiro al arco del gobierno: iva cero para importaciones, pero ¿y los autónomos?
La justificación del Gobierno es, cuanto menos, peculiar. Si bien reconoce el potencial beneficio para los autónomos, Hacienda argumenta que la implementación de la directiva supondría una pérdida fiscal anual estimada entre 625 y 650 millones de euros. Un número que, según el Ejecutivo, contrasta con los regímenes alternativos que, según ellos, ya cubren necesidades similares, aunque de forma limitada.
Lo que resulta aún más desconcertante es que el Gobierno propone, a través de una enmienda a la ley de criptomonedas, la adopción del IVA cero únicamente para empresas y autónomos que importen y exporten a otros países de la UE. Un parche que, según Eduardo Abad, presidente de UPTA España, “es un error” y que ignora las necesidades reales de miles de autónomos que llevan años reclamando una fiscalidad más sencilla.
La cifra habla por sí sola: un millón de autónomos en España podrían beneficiarse de este régimen simplificado del IVA. Pero parece que, en este caso, la burocracia y los recelos de Hacienda han prevalecido sobre el sentido común y las necesidades de los pequeños empresarios.
La pelota está ahora en el tejado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y España, una vez más, se encuentra en el punto de mira de Bruselas por su incapacidad para cumplir con sus compromisos.