El gobierno eleva la cotización mínima para autónomos: un golpe a las pequeñas empresas
El Ejecutivo ha fijado una base mínima de 1.424,4 euros para los autónomos societarios en 2026, un incremento significativo respecto a los 1.000 euros de 2025. Esta medida, que podría traducirse en hasta 1.620 euros adicionales anuales para quienes cotizan al mínimo, ha desatado una ola de críticas entre las asociaciones de autónomos.
Un ajuste que castiga a los pequeños negocios
Las voces del sector denuncian que este aumento no es una subida discrecional, sino el cumplimiento de la normativa de 2022, que establece que la base de cotización de los autónomos societarios no puede quedar por debajo del Régimen General. Sin embargo, la realidad es que este cambio encarece drásticamente la cuota mensual de este colectivo, exacerbando las dificultades para las pequeñas empresas y los profesionales con menor capacidad financiera.
La Seguridad Social, por su parte, argumenta que se trata de una aplicación rigurosa de la ley. Pero la cuestión es que el impacto inmediato no se limita a la cuota; puede mejorar la pensión futura, aunque este efecto dependerá de la longevidad de la cotización y del historial completo de bases reguladoras del trabajador.
La reforma del sistema de cotización de 2022, en efecto, rompe la congelación que afectaba a otros tramos del RETA, elevando la carga para los autónomos societarios. Y aunque la subida de cuota no se traduce automáticamente en un aumento de la pensión, sí eleva la base reguladora con la que se calcula la jubilación, lo que podría traducirse en una prestación ligeramente superior a largo plazo.
La cotización vs. la jubilación: un intercambio con riesgos
El sistema de pensiones de la Seguridad Social se basa en la base reguladora, que se compone de las bases de cotización de los últimos 25 años. Pero la nueva medida introduce una vuelta de tuerca: la posibilidad de considerar hasta 29 años de cotización, descartando las dos peores bases. Esto podría beneficiar a algunos autónomos, pero penalizar a aquellos que han tenido años de ingresos bajos o irregulares.
El impacto real sobre la pensión dependerá de la base que tenga el autónomo hoy, del tiempo que mantenga la nueva cotización y de la calidad de su historial de cotizaciones. Subir la base es positivo en términos previsionales, pero supone un coste inmediato mayor. La regularización se materializará a finales de 2027 o principios de 2028, lo que diluye el impacto inicial, aunque el cambio normativo ya está en vigor. Es un intercambio entre presente y futuro: el autónomo paga más ahora con la esperanza de una pensión ligeramente superior en el futuro.
Pero, ¿hasta dónde llega esta estrategia? Para un autónomo societario, el resultado final dependerá de tres factores clave: su base actual, la duración de la nueva cotización y la calidad de su historial. Un solo año de cotización más alta tendrá un efecto limitado, mientras que varios años consecutivos pueden marcar una diferencia considerable. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta la liquidez. El aumento de la cuota puede ser una carga insostenible para las pequeñas empresas, especialmente si no se acompaña de un aumento de la facturación.
La clave está en la sostenibilidad. Y, para los autónomos societarios, la pregunta no es si la subida de la base es inevitable, sino si es viable. El debate no se limita a la Seguridad Social, sino que se extiende a la viabilidad de las pequeñas empresas en un contexto de costes crecientes. Un sector que, en definitiva, se enfrenta a un nuevo y duro desafío.”n